Hace unas semanas se desmanteló iServer, la plataforma ilegal que, por 120 dólares mensuales, daba instrucciones técnicas y métodos de phishing para desbloquear iPhones robados y extraviados. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) encontró pruebas suficientes y hasta el momento hay cinco personas detenidas. Pero esto no es nada, acaso la punta del iceberg en un país donde la detención de Ismael “El Mayo” Zambada es un evento social.
Un Sondeo de Seguridad Empresarial realizado por la American Chamber México ha demostrado que los narcos y las mafias mexicanas controlan casi una quinta parte del mercado del país. Tanto es así que hay personas que optan por utilizar teléfonos falsos para evitar que roben los reales. El crimen está dañando tanto el entramado empresarial que algunas empresas han abandonado México por completo. Y tampoco olvidemos que en México hay un gran mercado gris. ¿Cómo han logrado los narcotraficantes hacerse con el control?
El impacto del crimen organizado en las empresas que operan en México es enorme: estas mafias controlan parcial o totalmente las operaciones de distribución y venta de productos, lo que refleja una preocupante consolidación del poder criminal. El 54% de las empresas identifican el robo de mercancías en tránsito como su principal preocupación, seguido de extorsiones y bloqueos.
Y el robo y tráfico de iPhones es especialmente jugoso, ya que los productos de Apple poseen un mayor margen de beneficio que el de terminales de gama baja. Estos son bienes especialmente atractivos para redes criminales y aunque Apple cuenta con herramientas de sobra para bloquear terminales, siempre hay métodos para eludirlos, especialmente cuando extorsionan al dueño para que desbloquee el iPhone.
En números fríos, el coste de la delincuencia es altísimo: el 60% de las empresas se considera afectada por la delincuencia organizada o común. El 25% de los CEOs y directores dice temer en su puesto de trabajo. Esto desemboca en inversión en seguridad: el 58% de los entrevistados dice asignar entre el 2% y el 10% de su presupuesto anual a medidas de seguridad. De hecho, el 80% de las empresas capacita a sus empleados en temas de seguridad física y tecnológica.
En términos geográficos, los estados más afectados por el crimen organizado incluyen Guanajuato, Jaliscom y Michoacán, considerados el “paraíso del crimen”, mientras que Yucatán y Baja California destacan por su relativa seguridad. Sin embargo, la inseguridad es tal que ha llevado a un 17% de las empresas a reducir inversiones en México y a un 9% a trasladar operaciones a estados más seguros o incluso al extranjero.
Como es lógico, la falta de confianza en las autoridades es otro punto crítico: el 75% de las empresas tienen poca o ninguna confianza en la policía municipal, mientras que el 67% desconfía de las autoridades ministeriales. Incluso en niveles estatales, el 29% percibe poca o ninguna efectividad.
Este vacío en la seguridad pública ha llevado a un 59% de las compañías a optar por seguridad privada y tecnologías como rastreadores GPS y vigilancia digital para mitigar los riesgos. Actualmente, se estima que el 59% de las empresas han colaborado en Departamentos de Seguridad Corporativa o recurren a servicios privados.
La mayor preocupación de todas reside en el robo de mercancías en tránsito, que afecta a más de la mitad de las empresas del país. Y la extorsión tampoco se queda atrás: un 53% de “preocupación” entre las compañías entrevistadas. El “derecho de piso” se afianza como una de las prácticas más comunes, que no es otra cosa que extorsión tradicional: los criminales se presentan en los negocios y exigen cierta cantidad de dinero a cambio de protección. Ante una negativa, destrozan el local… y cosas peores.
En México, Apple está invirtiendo en India, apoyando a China y está en conversaciones con Argentina y España. Invertir en México tiene sentido, es un país gigantesco lleno de recursos valiosos. Pero la situación actual limita el potencial del propio país en un momento clave en el comercio entre China y Estados Unidos. No es la delincuencia en sí misma, sino la capacidad del país para tomar medidas y hacer frente a su propio futuro.
